LA AMENAZA CONTRA LOS JUECES
Se extiende a nivel nacional el rechazo al intento de intervención a la Justicia
El partido que lidera Francisco de Narváez repudió la pretensión del senador José María Roldán de promover en el Congreso un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Corrientes. Dicen que Pichetto tendría un borrador.
La amenaza de discutir en el Congreso una intervención federal para la justicia correntina comenzó a tener sus primeras repercusiones nacionales con un rechazo que pronunció el presidente del bloque del sector que responde a Francisco de Narváez, mientras que por ahora es solo un trascendido que el kirchnerismo podría apoyar la iniciativa.
“No vamos a ser parte de nada que ponga en crisis las autonomías provinciales, las instituciones de Corrientes ni de cualquier otra provincia”, afirmó Gustavo Ferrari, presidente del bloque del partido Unión Celeste y Blanco que De Narváez lidera a nivel nacional.
Esa posición la expresó Ferrari en un encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el referente correntino del partido, Lisandro Almirón, quien fue justamente convencional constituyente cuando en 2007 Corrientes reformó la Constitución provincial. Del encuentro, también participó Pepe Scioli, el hermano antikirchnerista del gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Almirón fue a Buenos Aires a dar un informe de la situación en Corrientes, con la amenaza de intervención al Poder Judicial, ante la mesa ejecutiva del partido Unión Celeste y Blanco.
Según dijo Almirón a La República, la mesa evaluó “con mucho cuidado el informe presentado y nuestros referentes nacionales dejaron en claro que no apoyarán ningún proyecto de esa naturaleza porque lo único que se pretende es sembrar conmoción en la provincia”.
Mientras tanto, el proyecto intervencionista por ahora es solo una amenaza. Una versión a la que accedió La República indica que el senador José María Roldán, quien se atribuye la iniciativa, le presentó un borrador al kirchnerista Miguel Ángel Pichetto para que el Frente para la Victoria lo apoye. La intención de Roldán es que el Congreso vote una ley para intervenir el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público. En caso de que eso suceda, la idea es que ese interventor que se designe al frente de la Corte provincial pase a disponibilidad a todos los jueces legítimamente constituidos y nombre a los nuevos en comisión.
Todo esto es por ahora un “delirio” de Roldán para presionar al gobierno de Ricardo Colombi, que acusa al senador de amenazar con la intervención federal porque tiene cuentas pendientes que rendir con la Justicia, como el caso de la denuncia por el manejo del dinero de la publicidad oficial de cuando él era funcionario de Arturo Colombi, entre 2005 y 2009.
“Es sabido que algunos sostienen de que es posible la intervención a un solo Poder del Estado correntino, con apetencias de hacer de facto y con el ropaje de legalidad, la legitimidad que las urnas les pueden negar”, opinó Almirón. “Pero es técnicamente imposible operativizar el remedio federal en estas condiciones, máxime cuando los argumentos esgrimidos por el senador Roldán son inviables”.
Almirón explicó que “intervenir el Poder Judicial implica coexistir con los otros dos poderes, que siguen teniendo facultades para designar a los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general, de manera tal que la solución a cualquier posible anomalía, debería ser saneada por los resortes institucionales provinciales respetando la plena autonomía”
“No vamos a ser parte de nada que ponga en crisis las autonomías provinciales, las instituciones de Corrientes ni de cualquier otra provincia”, afirmó Gustavo Ferrari, presidente del bloque del partido Unión Celeste y Blanco que De Narváez lidera a nivel nacional.
Esa posición la expresó Ferrari en un encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el referente correntino del partido, Lisandro Almirón, quien fue justamente convencional constituyente cuando en 2007 Corrientes reformó la Constitución provincial. Del encuentro, también participó Pepe Scioli, el hermano antikirchnerista del gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Almirón fue a Buenos Aires a dar un informe de la situación en Corrientes, con la amenaza de intervención al Poder Judicial, ante la mesa ejecutiva del partido Unión Celeste y Blanco.
Según dijo Almirón a La República, la mesa evaluó “con mucho cuidado el informe presentado y nuestros referentes nacionales dejaron en claro que no apoyarán ningún proyecto de esa naturaleza porque lo único que se pretende es sembrar conmoción en la provincia”.
Mientras tanto, el proyecto intervencionista por ahora es solo una amenaza. Una versión a la que accedió La República indica que el senador José María Roldán, quien se atribuye la iniciativa, le presentó un borrador al kirchnerista Miguel Ángel Pichetto para que el Frente para la Victoria lo apoye. La intención de Roldán es que el Congreso vote una ley para intervenir el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público. En caso de que eso suceda, la idea es que ese interventor que se designe al frente de la Corte provincial pase a disponibilidad a todos los jueces legítimamente constituidos y nombre a los nuevos en comisión.
Todo esto es por ahora un “delirio” de Roldán para presionar al gobierno de Ricardo Colombi, que acusa al senador de amenazar con la intervención federal porque tiene cuentas pendientes que rendir con la Justicia, como el caso de la denuncia por el manejo del dinero de la publicidad oficial de cuando él era funcionario de Arturo Colombi, entre 2005 y 2009.
“Es sabido que algunos sostienen de que es posible la intervención a un solo Poder del Estado correntino, con apetencias de hacer de facto y con el ropaje de legalidad, la legitimidad que las urnas les pueden negar”, opinó Almirón. “Pero es técnicamente imposible operativizar el remedio federal en estas condiciones, máxime cuando los argumentos esgrimidos por el senador Roldán son inviables”.
Almirón explicó que “intervenir el Poder Judicial implica coexistir con los otros dos poderes, que siguen teniendo facultades para designar a los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general, de manera tal que la solución a cualquier posible anomalía, debería ser saneada por los resortes institucionales provinciales respetando la plena autonomía”
.http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=183048
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